La revisión por parte del Parlamento Europeo del llamado “Auto‑Paket” ha reabierto una lucha sobre las normas de los coches de empresa que afecta directamente a conductores, gestores de flotas, concesionarios y departamentos de nómina en Alemania y Austria. Los proyectos de cambio combinarían un objetivo de CO₂ de la UE más suave con requisitos a nivel nacional para la electrificación de grandes flotas corporativas, una medida que presionaría sobre las subvenciones nacionales y la valoración fiscal de los coches de empresa ("Sachbezug").

Qué ocurrió

En octubre y finales de octubre, las comisiones del Parlamento Europeo negociaron un paquete que debilita el objetivo original de la Comisión para 2035 y añade disposiciones destinadas a acelerar la transición eléctrica en las flotas corporativas. Un proyecto que surgió en las conversaciones de comité reduciría el objetivo complementario de reducción de CO₂ a alrededor del 87,5–90% en lugar de una prohibición absoluta, al tiempo que introduciría objetivos a nivel nacional para los coches de empresa eléctricos a partir de 2030. Esas posiciones de compromiso fueron informadas por medios especializados los días 20 y 27 de octubre y resumidas por analistas como un acuerdo entre los grupos centristas del Parlamento.

El proceso sigue abierto: la comisión de Medio Ambiente y la comisión de Transporte del Parlamento fijaron más votaciones a principios de noviembre, y el expediente pasará a pleno más adelante en el otoño; las fechas y el texto exacto siguen en negociación mientras los grupos políticos finalizan los compromisos. La comisión de Medio Ambiente debía considerar partes del paquete en los primeros días de noviembre.

Qué significa esto para el mercado

Para Alemania y Austria, el efecto más inmediato es político: una decisión de la UE que incluya objetivos nacionales de flotas eléctricas obligaría a los operadores de flotas intensivas en capital —grupos de distribución, cadenas logísticas y grandes flotas de empleadores— a acelerar los ciclos de sustitución o enfrentarse a nueva presión regulatoria. Eso convierte la fiscalidad de los coches de empresa y las ayudas nacionales a la compra en una palanca de política industrial tanto como de equidad fiscal. Alemania y Francia ya han sido actores centrales en la búsqueda de compromisos sobre las normas de la UE, lo que subraya el impacto directo para las flotas alemanas y para los fabricantes con gran producción nacional.